El oro desplaza a la cocaína como negocio criminal en Colombia y reaviva la violencia en zonas rurales

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La minería ilegal de oro se ha convertido en una de las principales fuentes de financiamiento de los grupos armados y organizaciones criminales en Colombia, al punto de que expertos y medios internacionales advierten que el metal precioso está ocupando el lugar que durante décadas tuvo la cocaína dentro de las economías ilícitas del país.

Un reportaje difundido por medios europeos describe cómo regiones que habían experimentado una relativa estabilidad tras los acuerdos de paz vuelven a enfrentar amenazas, extorsiones y homicidios debido a la expansión de la extracción ilegal de oro. El caso más representativo se observa en el departamento de Tolima, donde comunidades cafeteras denuncian el retorno de grupos armados atraídos por la creciente rentabilidad del mineral.

Según autoridades regionales, las disidencias de las FARC y otras estructuras ilegales han establecido sistemas de cobro sobre la actividad minera clandestina, exigiendo pagos por el ingreso de maquinaria y participando directamente de las ganancias obtenidas por la producción aurífera. En municipios como Ataco, la violencia asociada a esta actividad ha dejado víctimas mortales y ha impulsado delitos como la extorsión, el narcotráfico y la prostitución.

Especialistas en seguridad sostienen que el auge internacional del precio del oro ha fortalecido este fenómeno. A diferencia de la cocaína, el oro puede comercializarse con mayor facilidad en mercados legales una vez que se oculta su origen, convirtiéndose en una alternativa atractiva para las redes criminales. Además, el negocio se complementa con otras actividades ilícitas como el contrabando y el lavado de activos.

El crecimiento de la minería ilegal no solo genera impactos en la seguridad. Organizaciones ambientales han alertado sobre la deforestación, la contaminación de ríos y el uso de sustancias tóxicas en ecosistemas estratégicos, especialmente en zonas amazónicas y territorios rurales de difícil control estatal.

Mientras el narcotráfico continúa siendo un motor de las economías ilegales en Colombia, analistas advierten que el oro se ha consolidado como un negocio igualmente lucrativo para las organizaciones criminales, alimentando nuevas disputas territoriales y poniendo en riesgo los avances alcanzados en varias regiones que habían logrado reducir los niveles de violencia durante la última década.

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