Entrevista con Milton F. Montoya, Presidente de REDMIN, sobre el Impacto de Consultas Antimineras y el Futuro de la Industria en el Gobierno de Petro

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FS: ¿Cómo analiza usted la situación del Ecuador y su proyección considerando que Colombia vivió una serie de consultas antimineras que terminaron como finalmente afectando al territorio colombiano?

MM: Bueno, para responder la segunda pregunta, efectivamente esas consultas populares mineras que se organizaron en los años 2016 – 2017 tuvieron un impacto sobre varios proyectos de mineros importantes en nuestro país, especialmente proyectos de oro, en donde el resultado de las consultas populares en las que las comunidades se manifestaron en contra de la ejecución de los proyectos en sus territorios llevaron a que finalmente los proyectos no se ejecutarán.

FS: ¿Y esos territorios quedaron libres o entró la minería ilegal?

MM: No, naturalmente, al retirarse de las empresas de esas regiones de sus territorios hubo un impacto, si podemos hablar de minería ilegal, claro, pero lo más grave desde mi punto de vista fue las necesidades de empleo, formación, profesionalización que llevaban las empresas mineras a esos territorios y que al haberse retirado y al no haberse ejecutado los proyectos, pues quedaron totalmente suspendidas y canceladas.

Desarrollaban proyectos productivos, apoyaban precisamente los proyectos agrícolas de las comunidades, aportan a la formación profesional y técnica de las comunidades y generaban empleo. Al haberse retirado de esos territorios, evidentemente, pues esas condiciones de empleo y esas oportunidades en materia de formación de las comunidades, pues ya quedaron totalmente, digamos, desaparecieron.

Colombia tiene un gran potencial minero que va más allá del oro, más allá del carbón. Tenemos conocimiento de que hay una producción de coltán. ¿Usted conoce, existe, produce economía? Pues no a nivel comercial -industrial, sabemos de la presencia de coltán en algunas regiones del país, como el Vichada, como el Vaupés, en territorios fronterizos con Venezuela y Brasil, pero al ser áreas de especial protección ambiental, es decir, parques naturales nacionales, donde no se pueden ejecutar proyectos mineros de ninguna escala, pues básicamente estamos hablando de una explotación ilegal ilícita de ese mineral.

FS: ¿Y las rutas de este mineral se conocen?

MM: Principalmente, se manejan rutas de carácter fluvial, amazónicas, en conexión con las fronteras del suelo y de Brasil.

FS:¿Es decir, bajaría a Leticia, Manaos esta ruta?

MM: Pues no conozco muy bien el detalle, pero sí sabemos que hay explotación o aprovechamiento de este mineral. Una manera todavía artesanal, rústica, rudimentaria, pero efectivamente donde hay una explotación sobre la cual el Estado no está recibiendo ningún tipo de prestación económica.

FS:¿Cuál es la situación del sector minero frente al Gobierno de Petro?

MM: No es fácil, no es fácil. Se han hecho unas modificaciones desde el punto de vista Fiscal y Tributario que han sido muy graves para la gestión minera colombiana. También una intención de prohibir ciertas actividades mineras, como la minería a carbono a gran escala de cielo a cielo abierto. Y también por supuesto unos mensajes en los cuales vemos mucha preocupación por la imagen que se tiene de la actividad minera. Y también por supuesto una intención de que efectivamente podamos restablecer el derecho al veto que tenían las comunidades en alguna época producto de una sentencia particular de la Corte Constitucional.

Pero nosotros creemos que más que darle a las comunidades un poder de veto, lo que es que establecemos mecanismos claros y tempranos. Y efectivamente digamos que las comunidades puedan utilizar la capacidad de incidir en los proyectos más que con la posibilidad de prohibir. Lo que dijo la Corte Constitucional en ese momento fue que hay que concertar, que acordar, pero no que hay que prohibir.

FS: ¿En qué consiste jurídicamente este concepto del Derecho al veto? ¿Cómo se aplica, qué alcances tiene?

MM: El Derecho al veto tiene, digamos diferentes alcances, pero lo que hemos visto en los proyectos de ley que están circulando en estos momentos es que las comunidades pueden manifestarse, manifestar su opinión en audiencias públicas, buen cabildo en respecto a la conveniencia, oportunidad de la ejecución del proyecto. Y si deciden que finalmente no les interesa que se decrete el veto, el proyecto no se puede ejecutar.

FS: Que las opciones que ponga esta comunidad o esta localidad están basadas en argumentos, en datos objetivos, en hechos argumentales fundamentados, porque pueden ser un meramente situación subjetiva, pues no y no.

MM: Pueden ser las dos situaciones, pueden ser preocupaciones desde un punto de vista, varias técnicamente con los científicos, también pueden ser oposiciones movidas más por intereses políticos e ideológicos, pero en cualquier caso lo que preocupa es que finalmente esas preocupaciones de las comunidades, valga la redundancia, terminen en un poder de veto unilateral.

Nosotros creemos que las preocupaciones son válidas, sobre todo aquellas que tienen un sustento científico, pero que en ningún momento deben derivar en una prohibición de la ejecución del proyecto, sino que deben ser tenidas en cuenta por el empresario minero para que les incorpore esos procesos.

Fuente foto: www.larepublica.co

C.A.

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