Estudio sobre ríos de Napo abre discusión sobre origen de la contaminación

Un estudio reciente sobre la calidad del agua en ríos de la provincia de Napo, que reporta presencia de contaminación en varias muestras, ha puesto nuevamente el foco en la situación ambiental de la zona amazónica. Siendo esta una provincia infestada por minería ilegal.

Especialistas señalan que los resultados deben analizarse con precisión técnica, ya que en la provincia confluyen distintas actividades que pueden influir en los ecosistemas hídricos. En ese contexto, subrayamos la importancia de distinguir entre minería legal e ilegal, debido a que sus condiciones de operación son diferentes.

Las actividades mineras autorizadas funcionan bajo permisos, planes de manejo ambiental, monitoreo y control institucional. En contraste, las intervenciones ilegales operan sin regulación ni medidas de mitigación, situación que ha sido identificada como un factor de presión ambiental en varias zonas del país.

Mientras tanto, se destaca la necesidad de fortalecer el control a la ilegalidad y mantener la supervisión de las operaciones formales, dentro del marco normativo vigente.

Otro punto clave que surge en el debate es la existencia de pasivos ambientales: zonas ya degradadas por actividades pasadas ilegales, cuyos efectos persisten en el tiempo. Estos pasivos no desaparecen por sí solos y pueden seguir afectando la calidad del agua, los suelos y los ecosistemas acuáticos durante años. Por ello, se remarca la necesidad de identificar, evaluar y ejecutar procesos de reparación ambiental, una responsabilidad que debe recaer en los causantes de los daños.

Sin embargo, desde una perspectiva de gestión ambiental, resulta poco prudente que la primera medida sea dejar sin concesión a todos los titulares como respuesta general.

La revocatoria automática puede terminar debilitando la capacidad de exigir la reparación, porque desvincula al operador de la obligación operativa directa sobre el área y traslada al Estado una carga técnica y económica que, en principio, corresponde al causante del impacto.

Una alternativa más eficaz es mantener la titularidad condicionada, con obligaciones estrictas, plazos definidos, planes de remediación aprobados técnicamente y supervisión reforzada. Es decir, que el mismo nivel de control, presencia institucional y exigencia que se plantea para una suspensión total, se aplique para asegurar que los responsables ejecuten la reparación de los pasivos ambientales.

De esta forma, el eje no se centra únicamente en sancionar con la pérdida del derecho, sino en garantizar que el daño sea corregido en territorio, con responsables identificados, bajo vigilancia estatal y dentro del marco legal vigente.