Franklin Soria: “La minería ilegal perjudica a los 18 millones de ecuatorianos”

El director de Prensa Minera expuso un análisis sobre las actividades de extracción ilícitas en el país.

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La madre de la minería ilegal es la corrupción, presente en las entidades de control que no toman las precauciones para que la minería ilegal no se implante, dijo el director general de Prensa Minera, Franklin Soria, en entrevista para OMC Noticias, la mañana de este jueves 7 de octubre de 2021.

“Resulta que el material del subsuelo, la riqueza del subsuelo pertenece a todo el Estado ecuatoriano y el Estado ecuatoriano somos los 18 millones de habitantes, entonces cuando alguien comete el delito de minería ilegal, no es que es un aventurero, un forzado o un descubridor, que ha encontrado una mina de oro y se lo está llevando, no, él está perjudicando a todo el Estado, a los 18 millones de ecuatorianos”, detalló el documentalista Soria.

Sostiene que la justicia no se aplica con firmeza en los hechos de extracciones ilícitas en el país, lo que prolifera estas actividades. “Por los temas de minería ilegal hay pocos detenidos y casi siempre son los que yo denomino los esclavos de la minería ilegal, el eslabón más frágil, aquellos que ponen el sudor y la sangre, los que han ido presos. Los beneficiarios y promotores siguen campantes e impunes”, alega.

El también experto en temas mineros señala que los capitales en inversión para la minería ilegal son altos, por lo que detrás se esconden mafias y hasta actores políticos, “una retroexcavadora sobrepasa los USD 230 000, un hombre desesperado que va a buscar empleo no tiene esa capacidad ni le van a financiar (…) han aparecido los políticos a querer blanquear la minería ilegal, llamarla informal, artesanal, cuando la ley es clara, comete minería ilegal quien no tiene una concesión”, precisó.

Detalla que existen políticos que utilizan el tema minero para conseguir papeles protagónicos y que le permitan aspirar a cargos públicos.

Además, señala que la minería ilegal afecta a las comunidades donde se practica, siendo un claro ejemplo lo sucedido en la parroquia de Buenos Aires, provincia de Imbabura. “Se utiliza el discurso del ecologismo para reducirlo a una expresión dogmática de antiminería cerrada y esconder los verdaderos intereses”.

Ante tal panorama de la minería ilegal en el país el investigador Soria hace “un llamado a la señora fiscal general de la nación para que tome cartas en el asunto y que se vean los efectos de judicializar a quienes cometen minería ilegal, no solamente al eslabón más débil, sino a lo que se benefician de esos capitales y de esos procesos”.


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