Franklin Soria propone Comisión Ciudadana Contra la Minería Ilegal

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La oportuna decisión del Gobierno Nacional de declarar como amenaza de Estado a la minería ilegal es un punto de partida esencial para frenar la actividad ilícita que tiene estrecha relación con otros delitos, con estrategias para enfrentar la situación mediante acciones de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, así lo expuso Diego Ordóñez, secretario de Seguridad Pública y del Estado.

Para Ordóñez el anuncio de la declaratoria, elevó la amenaza más allá de un problema de acciones de policía e hizo visibles otros factores como la afectación criminal al medio ambiente, narcotráfico, crimen organizado, lavado de activos y la precarización laboral.

Otro problema evidente en torno a los operativos de control minero, y que convierte a los operativos en un círculo vicioso es la devolución de la maquinaria «incautada» por las Fuerza Armadas, que es devuelta por jueces a mineros ilegales a través de medidas de amparo. Hasta los jueces operan a favor de estas operaciones.

Por consiguiente, destacó que por la gravedad de la situación del sector los controles no solo se centrarán en la actividad extractiva ilegal, sino también el control de «quién vende, quién compra, cómo se usa, para que se usa y en dónde se usa» la maquinaria utilizada para la minería ilegal.

Ordóñez coincidió con algo que Prensa Minera ha venido destacando y es la nula presencia de grupos indígenas ambientalistas que rechazan en su totalidad minería, pero que jamás se han preocupado por el verdadero problema de la contaminación, la minería ilegal.

«Parece ser que esto no es de interés para dirigentes indígenas, parece ser que lo que interesa a los dirigentes indígenas es impedir que el Ecuador tenga inversión en minería legal, en aquella que debe cumplir estándares ambientales tributarios y laborales», destacó el funcionario.

De igual forma informó que se trabajará en una reforma del sistema disciplinario interno para destituir con eficacia a los uniformados implicados con este delito, pues actualmente existe una ley impuesta por el Gobierno anterior que impide la depuración inmediata. Lo anterior para erradicar la minería ilegal protegida por la irregularidad sobre irregularidad existente en los entes de control de las provincias mineras.

Franklin Soria, director de Prensa Minera propone la creación de una comisión ciudadana contra la minería ilegal y exige ser recibido por el secretario de Seguridad Pública y del Estado para entregar información de la minería ilegal generada a través de la investigación a nivel nacional de este medio líder y pionera en denuncias contra este delito.

Foto: Teleamazonas

B.M.

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