Franklin Soria señala que el origen de la minería ilegal es la corrupción

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Corrupción y laberintos jurídicos por parte de funcionarios seccionales y de control minero, son solo una fracción de las causas que permiten la ilegalidad que invade al extractivismo en provincias mineras, así lo expuso Franklin Soria, mayor denunciante de la minería ilegal en Ecuador, en una entrevista en Radio Sucesos, la tarde del 10 de enero de 2023.

Soria señaló que se sobreponen derechos mineros como consecuencia de la corruptela dentro de estas provincias se sobreponen derechos mineros, se filtra información de la ubicación de los yacimientos donde finalmente sus patrocinadores, los mineros ilegales, operan. “La madre de la minería ilegal es la corrupción presente en burócratas de larga data enquistados en las entidades mineras y de control minero”, dijo.

Agregó que “las víctimas son aquellos ecuatorianos o migrantes que desesperados acuden a este falso llamado de empleo, que no es empleo, es un delito”, y que extrae del subsuelo el oro que le pertenece únicamente al Estado ecuatoriano y no a los grupos indígenas como enfatiza la Conaie en sus discursos ambientalistas a conveniencia, ausentes en las verdaderas crisis como el hundimiento de Zaruma, violencia antiminera en Buenos Aires y Bolívar o la contaminación en ríos de Napo, pero que satanizan a la minería responsable.

Ratificó que el Gobierno Nacional es el único que puede frenar la amenaza de nuevas movilizaciones del grupo indígena y criticó la actitud pusilánime del anterior ministro de Minas que soportó las imposiciones de la Conaie e integró sujetos reconocidos por su violencia, uno de ellos José Cueva, agresor de Soria durante una cobertura en el cantón Urcuquí, Imbabura en diciembre de 2020.

Como consecuencia y por tratarse de un tiempo electoral, Pachakutik utiliza este protagonismo para capitalizar a sus candidatos en los territorios mineros como primera parte de una estrategia de expulsión de empresas mineras legales, omitiendo las graves consecuencias que arrastra incumplir con los contratos de concesión (millonarias demandas, indemnizaciones, desempleo, inseguridad jurídica, estancamiento de inversión, entre otros).

B.M.

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