- Anuncios -Quito.- El Gobierno Nacional, a través de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), presentó un proyecto de reforma a la tasa de supervisión y control minero que reduciría en un 80 % la recaudación prevista por este concepto. La propuesta baja la meta de ingresos de 221,7 millones de dólares a aproximadamente 44 millones y modifica el esquema de cobro para hacerlo más acorde con la realidad del sector.
Entre los principales cambios consta la exclusión del pago para las concesiones que se encuentran en las fases de exploración inicial, exploración avanzada y evaluación económica, al considerar que estas etapas aún no generan ingresos y que el cobro desincentiva la inversión minera en el país.
La reforma también plantea que la tasa se concentre en operaciones productivas, licencias de comercialización y plantas de beneficio, además de establecer un nuevo mecanismo de cálculo basado en los costos reales de supervisión y control que asume el Estado, dejando de depender principalmente del número de hectáreas concesionadas.
Otro cambio relevante es que la recaudación dejaría de estar a cargo de la Arcom y pasaría al Servicio de Rentas Internas (SRI), con un pago anual para los titulares de derechos mineros. Sin embargo, este punto sigue generando cuestionamientos de especialistas, quienes sostienen que podría tratarse de un tributo cuya creación corresponde a la Asamblea Nacional.
La propuesta surge luego de que la tasa vigente enfrentara fuertes críticas del sector minero, ocho demandas de inconstitucionalidad y una recaudación muy inferior a la esperada. La propia Arcom reconoce que el sistema actual presenta una efectividad de cobro cercana al 35 %, además de problemas de proporcionalidad entre los valores exigidos y los servicios de fiscalización prestados.
Representantes de la industria consideran positiva la apertura del Gobierno para revisar la normativa, aunque insisten en que aún deben incorporarse ajustes relacionados con seguridad jurídica, simplificación de trámites y exclusiones para concesiones suspendidas por causas de fuerza mayor. La reforma permanece en fase de socialización antes de la emisión de la resolución definitiva.
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