KIMSAKOCHA Y LA CONSULTA IMPOSIBLE.

Tomado de: Linkedin

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¿Agua o minería?… esta es la pregunta sugestiva que durante años han venido proponiendo quienes se oponen al desarrollo del sector minero, acompañándola de imágenes desérticas y ejemplificando con casos negativos de invasiones ilegales como Nambija y operaciones irregulares como varias de las plantas de beneficio de Portovelo. ¿Pero acaso es verdad? ¿Realmente tenemos que escoger entre esas opciones? La respuesta es que no, no tenemos que escoger, y para aquello basta analizar algunos datos relevantes, por ejemplo:

  • De los 10 países con las economías más grandes del mundo (desde Estados Unidos hasta Canadá) solo uno no incluye a la minería como un sector relevante, es el caso de Japón por razones geológicas.
  • La tecnología depende absolutamente para su desarrollo del sector minero, desde equipos complejos como naves espaciales o vehículos eléctricos, hasta necesidades más básicas como, acceder al agua potable o proveer de electricidad.
  • Los proyectos mineros (en su mayoría) se desarrollan en sectores lejanos a las ciudades, en consecuencia, las comunidades que se asientan en su zona de influencia, logran acceder a fuentes de trabajo permanente y de calidad técnica, así como reciben el positivo impacto de la recaudación estatal de regalías mineras y demás impuestos específicos, los que se convierten en educación, salud, vialidad, agua potable, alcantarillado y acceso a la tecnología.
  • La causa más importante de contaminación del agua cruda en las grandes ciudades son las aguas residuales de uso doméstico e industrial. En las pequeñas poblaciones sucede un proceso similar, al que se incluye el uso de fertilizantes y pesticidas para la agricultura, además de la ganadería y la deforestación que genera.
  • La minería moderna ha dejado atrás las prácticas extractivas antiguamente utilizadas, y ahora es el pilar de desarrollo de la matriz productiva industrial de todos los países calificados como desarrollados. Mantiene armonía con el medio ambiente, incluye a las comunidades en el proceso productivo y sus beneficios, además de generar riqueza al Estado mediante el pago de impuestos.

Sobre la Consulta Imposible.

Ahora bien, la CONSULTA IMPOSIBLE no trata sobre estos temas –beneficios o perjuicios del desarrollo de un proyecto minero-, sino que lejos de proveer información oportuna y eficaz a quienes serían consultados; forma parte de una agenda política proveniente del engaño y de intereses mezquinos, que prefieren confundir a los pobladores del sector, cegándoles del desarrollo y beneficios de un proyecto de mediana escala (que además sería de minería subterránea), a cambio de mantener sus necesidades básicas insatisfechas permanentemente, y luego pretender justificar es aquellas necesidades la promoción, financiamiento e impulso de la minería ilegal, contaminante y delictiva.

La Consulta Popular consta debidamente limitada en la Constitución del Ecuador y exige de un control previo de parte de la Corte Constitucional, esto es imperativo, aquello no puede estar sometido a ningún tipo de “silencio positivo”. La pregunta debe ser calificada por la Corte en todos los casos, en cada caso analizar si la pregunta propuesta vulnera los principios y/o garantías constitucionales, si la forma en que se propone realizarse (a un sector específico) no vulnera los derechos de otro sector geográfico, o si es un tema de interés nacional, y finalmente, asegurar el mejor mecanismo para su desarrollo, es decir “la garantía plena de la libertad del elector”.

En el caso de KIMSAKOCHA, la pregunta es viciosa, confusa y dirigida a la afectación de los derechos de un tercero (empresa minera que tiene más de dos décadas desarrollando un proyecto minero y que no ha sido parte del proceso); se ha escogido sin justificación a un sector geográfico y población por encima del interés nacional que se beneficiaría del proyecto (regalías, patentes, impuestos, etcétera), y finalmente, se contradice la Constitución cuando se pretende aplicar un mecanismo de referente con efectos distintos a la Consulta Previa, que sería la pertinente en casos de proyectos extractivos.

La Corte Constitucional ha preferido mantenerse al margen, por encima de su obligación constitucional, legal y moral, de impedir que se realice la CONSULTA IMPOSIBLE alegando “falta de competencia”, aquello no tiene justificación legal alguna, mantenerlo demostraría ignorancia profunda en sus propias competencias, y lo más grave, sometería al un control posterior de constitucionalidad un resultado «electoral» que nunca debió producirse.

Una vez más… los lobos se disfrazaron de corderos… y siguen ganando.

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