La extracción ilegal de oro y otros minerales sigue creciendo en Cuba

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“son de propiedad socialista de todo el pueblo los yacimientos minerales y las minas”.

La minería ilegal sigue preocupando al gobierno de Cuba. Hace poco la culparon del incendio reportado en el Parque Nacional Alejandro de Humboldt y ahora advierten sobre las consecuencias legales para quienes la ejercen.

La extracción ilegal de minerales ha ido en aumento, según Juan Ruiz Quintana, director general de Minería, del Ministerio de Energía y Minas (Minem). Esta actividad ocurre fundamentalmente en lugares donde existen residuos de explotaciones antiguas de yacimientos de oro, coleras o donde existe oro aluvial.

Desde el 2020 y hasta el cierre del primer trimestre de este año se “ha actuado contra 115 personas naturales, vinculadas a la extracción ilegal de oro, fundamentalmente en las provincias de Guantánamo, Holguín y Las Tunas”, refiere el periódico Granma.

Ruiz Quintana aseguró que las mayores afectaciones de la minería ilegal se muestran en “el suelo, los cuerpos de agua, así como la flora y la fauna, unido al impacto negativo sobre la seguridad y la salud de las personas”.

En este sentido comentó que se han reportado varios accidentes, algunos fatales, pues quienes se dedican a la extracción de minerales de manera ilegal no suelen contar con las condiciones técnicas.

Consecuencias legales

El artículo publicado en Granma se acerca a las consecuencias legales. Destacada lo recogido en la Constitución de Cuba, la política minera de 2018, la Ley No. 76, Ley de Minas, de diciembre de 1994 y su Reglamento, el Decreto 222.

En su Artículo 23, la Constitución dispone que, entre otros recursos, “son de propiedad socialista de todo el pueblo los yacimientos minerales y las minas”.

Es por esa razón que para su explotación es preciso una concesión minera tramitada por la Oficina Nacional de Recursos Minerales (ONRM) y otorgada por el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros o el titular del Minem.

La extracción ilegal de recursos minerales puede considerarse como delito y enfrentarse por la vía penal. Asimismo, es “una contravención, por la que pueden imponerse multas y el decomiso de los minerales e instrumentos que sirvieron para cometer la infracción”.

Ruiz Quintana también recordó que en Cuba, como parte de las nuevas formas de gestión no estatal, se aprobó la minería artesanal para piedra, con destino a la construcción, arena y arcillas, “pero no se incluyó otro tipo de explotación minera”.

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