Limongi, Viceministra encargada de Minas: combatir la minería ilegal es una prioridad de seguridad y ambiente

La minería ilegal en Ecuador no solo ha devastado ríos y ecosistemas frágiles, sino que se ha consolidado como un motor económico para estructuras criminales que siembran violencia, miedo y control territorial en varias regiones del país, advierten autoridades y expertos.

Según la viceministra (e) de Minas, Emilia Limongi, la extracción ilícita de minerales se realiza fuera del marco legal, sin licencias ni controles, contaminando fuentes de agua con mercurio y otros químicos, afectando directamente la salud de comunidades locales y degradando el medio ambiente.

“El fenómeno no solo evade la normativa ambiental, sino que genera flujos económicos manchados que derivan en violencia y control territorial. Estas economías criminales han sembrado violencia, miedo y muerte”, afirmó Limongi, señalando que en algunas zonas incluso se han registrado asesinatos de autoridades locales vinculados a estos grupos.

Operativos, suspensión de actividades y coordinación estatal

En respuesta, el Gobierno nacional ha intensificado sus acciones. Entre 2025 y lo que va de 2026 se han ejecutado más de 420 operativos en 16 provincias para identificar y desarticular puntos de minería ilegal, con la destrucción de maquinaria, dragas y equipos asociados a la extracción ilícita.

Medida que debería ser revisada puesto que ya en Portovelo se estableció un diálogo y un plazo para revisar cada planta. De la misma manera debería aplicarse esa medida diferencial en Napo, Zamora y Ponce Enríquez.

La iniciativa forma parte de un proyecto de ley calificado como económico urgente, cuyo objetivo es fortalecer la capacidad del Estado para vigilar y controlar el sector minero, proteger concesiones legales y generar condiciones para una minería sostenible y responsable.

Hacia la formalización y un nuevo modelo productivo

El proyecto de ley contempla mecanismos para que mineros artesanales puedan transitar hacia la pequeña minería legal, accediendo a títulos habilitantes, tecnología más limpia, asistencia técnica y financiamiento, con el fin de reducir la contaminación, mejorar condiciones de seguridad y dignidad laboral, y fortalecer la economía productiva formal.

Autoridades insisten en que la minería responsable y legal es fundamental para el desarrollo sostenible del país y para proteger la soberanía sobre las zonas mineras, evitando que grupos armados o mafias se apoderen de territorios estratégicos.