LOS 5 RIESGOS MÁS RELEVANTES PARA EL SECTOR MINERO EN EL 2019

Tomado de Stevie Gamboa Valladares. Publicado en Linked in.

0 58

En el año 2018 analizamos los riegos más graves que podrían afectar al sector minero, entonces señalamos a la falta de información oportuna en los territorios, el desconocimiento de la autoridad de control ambiental, la intervención de actores políticos y la aplicación de la carga tributaria, como amenazas que debían ser consideradas por los actores del sector, desde la visión estatal, pasando por la actividad privada y repercutiendo en la academia.

Aquellos riesgos resultaron acertados y tuvieron un impacto negativo en el sector durante el 2018. El ejemplo más notorio de la falta de información en territorio e intervención de actores políticos, fue la suspensión del proyecto Río Blanco (Au – mediana minería) mediante una sentencia de naturaleza constitucional, que contó con una campaña para desinformar, así como una carga de proselitismo por actores políticos locales en la provincia del Azuay.

La peor decisión política del 2018 para el sector minero es, sin duda, la eliminación del Ministerio de Minería y su absorción por el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables (que administra electricidad, petróleo y minería), la opinión internacional y le inversión local habían recibido como un acierto la creación de una cartera de estado especializada para un sector que atraerá miles de millones de dólares en inversión y creará otros miles en exportaciones para el Ecuador.

Esta vez decidí consultar la opinión de diferentes representantes de empresas mineras, autoridades y profesionales relacionados al sector, y ahora que hemos iniciado el año 2019, resulta oportuno analizar los cinco nuevos riesgos que afronta el sector minero:

  1. La Consulta Previa. La Constitución del Ecuador establece dentro del artículo 57 a la CP como una garantía de las a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas. Sin embargo, la misma Constitución la refiere también como una garantía a la comunidad en el marco de los derechos de la naturaleza (ver artículo 398).

Esta dualidad ha generado dudas, cuyos efectos se están observando de manera recurrente y en diferentes provincias, donde varios actores políticos, agrupaciones sociales y hasta el Defensor del Pueblo, han iniciado acciones constitucionales en contra de proyectos mineros, concesiones y empresas del sector.

Es necesario un pronunciamiento interpretativo de la nueva Corte Constitucional que establezca cuáles son las condiciones en las que una Consulta Previa es obligatoria para un proyecto minero, cuándo debe cumplirse (en qué periodo o fase) y, si las concesiones mineras anteriores a la existencia de la CP deben cumplir este proceso.

  1. Seguridad Jurídica.Durante el primer trimestre del 2018 se generó una presión mediática por los representantes del activismo anti minero, quienes adujeron que el proceso de otorgamiento de concesiones realizado por el Estado ecuatoriano, durante los años 2016 al 2018 presentaba irregularidades y vulneraba derechos de diferentes clases (colectivos, ambientales, propiedad privada, agua, entre otros). Aquello motivó nuevamente el cierre del catastro minero, la renuncia el Ministro de Minería y el inicio de un examen especial por la Contraloría General del Estado.

Resulta imperativo que el Estado reconozca y ratifique la validez, vigencia y continuidad de los derechos mineros que fueron otorgados (concesiones), hay que recordar que cada proceso le impuso al adjudicatario una obligación para invertir en exploración durante los próximos cuatro años, y, además el cumplimiento de la exigente normativa regulatoria en relación al cuidado ambiental, uso y aprovechamiento del agua, caducidad de concesiones y entrega de información geológica obtenida. Sería realmente grave promover alguna acción que traiga a la memoria de los inversionistas, los efectos del Mandato Minero del 2008.

  1. Combatir la minería ilegal.La minería ilegal representa una amenaza grave a nivel Regional. Cruzando el callejón interandino desde Venezuela, Colombia, Ecuador hasta Perú, existen una serie de delitos directamente vinculados al oro ilegal que incluyen el lavado de activos, trata de personas, usurpación de propiedades, homicidios, contaminación, evasión tributaria, contrabando, narcoguerrilla, entre otros.

Las autoridades han identificado dos mecanismos para combatir la minería ilegal, atacar a quienes realizan físicamente las tareas mineras, lo que usualmente significa apresar a los últimos eslabones de la cadena delictual (transportistas, operarios, proveedores) y, ampliar las zonas de exclusión (áreas protegidas por razones ambientales o sociales).

La Ley de Minería le impone al titular de una concesión varias obligaciones que incluyen denunciar cualquier foco de minería ilegal, esta es probablemente, la solución más coherente y eficaz a la que un Estado puede acceder. Al promover nuevas concesiones, el Estado tiene un vigilante gratuito, al desarrollarse nuevos proyectos se emplea mano de obra local y se activa la economía en las zonas de influencia. En resumen, el mejor antídoto contra la ilegalidad no es la prohibición, sino la promoción para atraer inversiones y tecnología a nuestros territorios.

  1. Cuidado ambiental.En la revista GLOBAL INSIGHT de la IBA (noviembre 2018) se entrevista a James Thornton, CEO de ClientEarth y dice: “Ahora existen 3.000 cortes judiciales ambientales en China”, además agrega: “si traes un caso relacionado al ambiente, se resolverá en una corte judicial ambiental”.

En el Ecuador el cuidado ambiental y la potestad sancionadora se distribuye entre la capacidad sancionadora del Ministerio del Ambiente por el cometimiento de infracciones establecidas en el Código Orgánico de Ambiente; y, los fiscales y jueves que considere que además de la infracción, el autor actúo con el ánimo de producir un daño al ambiente, y en consecuencia se incurre en un tipo penal.

Sin embargo, la capacidad administrativa del Ministerio del Ambiente es limitada (recursos económicos, personal, tecnología), además no existe especialización en quienes conocen el otorgamiento de licencias, así como de quienes sancionan. En consecuencia, se pretenden aplicar parámetros y condiciones de sectores distintos de manera uniforma, desencadenando una interminable cantidad de observaciones que no permiten licenciar los proyectos mineros.

  1. Creciente activismo opositor. Al igual que se ha presentado en otros países de la región, una vez que el Ecuador ajustó su carga impositiva, abrió el catastro minero e inició el otorgamiento de nuevas concesiones, se han identificado líderes opositores al sector minero, con un discurso conjunto “si al agua, no a la minería” que han encontrado aceptación en ONG´s ambientalistas que originalmente enfocaban su accionar en contra del sector petrolero.

Los proyectos de exploración (en su mayoría liderados por empresas juniors) encuentran su financiamiento en bolsas de valores especializadas, y para aquello debe reportar sus hallazgos geológicos, pero también las noticias que pudieren significar una amenaza para el proyecto específico o para el sector en general. Este activismo busca confundir a la opinión pública mediante campañas que enfocan a la minería como una actividad contaminante y, por otro lado, a nivel particular pretender engañar a pequeñas comunidades alegando (usando mapas de catastro) que han perdido sus terrenos, el acceso al agua o sus sembríos. En muchos casos solo para alejar a las empresas mineras y promover la actividad ilegal en sus territorios.

¡Esperen, no todo son malas noticias!

Es importante destacar que el 2018 tuvo también aciertos que han promovido favorablemente al sector; entre otros constan: La eliminación del Impuesto a Ingresos Extraordinarios WINDFALL TAX, los ajustes para permitir el scout drilling durante la exploración inicial y, la reforma para que el ministerio sectorial defina las regalías usando diferentes parámetros (tipo de metal, cantidad, etc.).

En su libro El Gran Escape, Angus Deaton (Nobel de Economía 2015) dice que: “EL gobierno necesita recursos para realizar sus funciones, y los recursos que requieren estas funciones deben obtener de los impuestos de los gobernados…”. El 2019 deberá incluir el inicio de producción en Fruta del Norte (LUNDIN GOLD), la solución y reactivación de Río Blanco (JUNEFIELD), el avance de Mirador (ECSA) y el paso a Evaluación Económica para la factibilidad de Loma Larga (INV METALS). Si logramos atenuar estos riesgos, podría ser un gran año para el sector minero que lograría incrementar exponencialmente su recaudación tributaria, e impactaría favorablemente en nuestras exportaciones, quizás colocando al oro como el tercer producto de exportación del Ecuador.

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.