Madre de Dios: minería ilegal enfrenta a miembros de la comunidad nativa de San José de Kerene

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Los ríos y su entorno están siendo contaminados y destruidos por la intensificación de la minería ilegal. Hija de exdirigente denuncia que la junta directiva avalaría la presencia de mineros ilegales a cambio de dinero y pide que los expulse, conforme acordó la comunidad. Mientras, el presidente de esta organización rechaza la acusación y cuestiona a la denunciante.

“Estamos bien desesperados, señor periodista”, son las primeras palabras de Antonio Iviche cuando nos recibe en su casa en la comunidad nativa de San José del Karene, ubicada a orillas del río Colorado. Aquí cultiva una chacra con plantaciones de maíz, yuca y plátanos. Ivichi, expresidente de la Federación Nativa del río Madre de Dios y afluentes (Fenamad), nos invitó a su vivienda porque quiere denunciar la existencia de un conflicto generado por la intensa actividad minera en el territorio de su comunidad.

El largo camino hacia San José, golpeada por la minería ilegal

Para llegar a este lugar, siguiendo la vía Interoceánica, se viaja en auto desde la ciudad de Puerto Maldonado hasta el kilómetro 145, donde se encuentra el centro poblado de Santa Rosa. Luego, se ingresa por una trocha carrozable hasta llegar a Puerto Carlos. Acto seguido, y luego de hacer un transbordo en bote por el río Inambari, se viaja de nuevo en auto o en una camioneta 4X4 por 45 minutos hasta llegar al borde del río Colorado, en el distrito de Madre de Dios, en la provincia del Manu. Aquí, al borde del río, se encuentra la comunidad nativa de San José del Karene.

En un recorrido por el territorio de la comunidad, este Diario pudo observar que, en los márgenes de los ríos Colorado y Karene, abundan las balsas tracas (usan mangueras de succión) y las balsas carrancheras (usan tubos para dragado) realizando actividades mineras. También pudo ver a familias completas, incluido niños, y personas en solitario o en grupo trabajando en las riberas, con los rostros cubiertos con trapos. Ello, a pesar de que está prohibido por la ley realizar actividades mineras en los ríos.

Asimismo, en el encuentro de los ríos Pukiri y Karene, enormes chutes (armazón para actividades mineras) operan con maquinaria pesada: volquetes, cargadores frontales y retrosexcavadoras. En todo el cauce del río Pukiri, los trabajos mineros han producido un gran movimiento de tierra. Esta situación ha hecho desaparecer el cauce natural del río Punkuri. Mientras, el área contiguo de bosque está siendo remplazado por cerros de material aurífero lavado y pozas de agua con relaves de la minería.

La denuncia: la junta directiva y sus presuntos invitados

“A los invitados nadie los toca”, se queja Jessica Iviche. Por la pandemia, señala que la minería es la única actividad que se realiza en la comunidad. Pero ella presume que solo el 10% de las actividades de la extracción de oro en el territorio comunal lo realizan los comuneros que cuentan con equipos propios; y que el resto, “los allegados a la junta directiva y los asesores, [quienes] tienen ese privilegio de poner invitados, y trabajar en la extracción del oro”.

Arique no hace respetar el acuerdo comunal para expulsar a los invitados de los comuneros que hacen minería dentro del territorio comunal, señala.

También denuncia que, el pasado 11 de marzo, supuestamente fue agredida de manera física y verbal por los miembros de la junta directiva de la comunidad. Relata que días antes había comprado un motor para hacer la extracción de oro dentro del territorio comunal, tal como lo permite la comunidad para sus miembros por acuerdo de asamblea. Sin embargo, agrega, fue impedida de hacerlo, fue agredida, y el motor más sus herramientas de trabajo fueron destruidos y quemados.

Responde el presidente de la junta directiva

Juan Carlos Arique Quicque, presidente de la comunidad de San José del Karene, reconoce que existen acuerdos de la asamblea comunal para desalojar a todos los invitados de su territorio y también, dice, “para eliminar los supuestos alquileres que vienen haciendo algunos comuneros, como es el caso de la señora Jessica Iviche. [Por alquileres, se refiere a que habrían comuneros que afirman ser propietarios de los equipos, pero en realidad serían otras personas las dueñas y estas trabajan como invitados a escondidas].

”La finalidad es minimizar la actividad minería con alternativas de actividades sostenibles, para la comunidad”, le dijo a El Comercio.

Sobre la acusación de que la junta directiva, incluido él, tiene invitados, Arique lo niega y asegura que su gestión está expulsando a estas personas que han sido llevadas por otros miembros de la comunidad. “No habría motivo de tener invitados. no hay lógica”, afirma.

Negó que los miembros de la junta directiva hayan agredido a Jessica Iviche y que hayan quemado sus equipos mineros.

Además, dijo que “esto es la lucha por la defensa territorial en el marco de la normales legales y como pueblo indígena, ya estamos cansados de que nos sigan atropellando nuestros derechos”.

Delta, el nuevo centro logístico de la minería ilegal

El centro poblado menor Delta está ubicado 40 minutos en moto desde a la comunidad de San José del Karene. Este lugar se ha convertido en los últimos años en el nuevo centro logístico de la minería ilegal, en el distrito de Inambari, provincia del Manu, similar a la que existe en la zona de la Pampa, del kilómetro 107. Desde este centro poblado existen varias trochas carrozables hacia los centros mineros de Delta 1, Delta 2, Delta 3, y Delta 4, y también a la comunidad nativa de Puerto Luz.

En estas trochas carrozables, este Diario pudo observar motocicletas, camionetas 4X4, entre otras unidades, llevando personal para el trabajo de minería, asimismo insumos y herramientas. Al borde de estos caminos, abundan los campamentos mineros. Los trabajadores tienen cubiertos sus rostros, algunos campamentos tienen vigilantes con escopetas o retrocargas.

En Delta, el comercio de insumos para la minería y los puestos de compra de oro se han incrementado. En el lugar opera un terminal terrestre de camionetas 4X4, para el transporte privado, y unos 30 establecimientos comerciales, entre bares, cantinas y los llamados “prostibares”.

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