Minería ilegal en Zamora Chinchipe II

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Lorena Licuy, una joven madre y deportista, es la actual presidenta de la comunidad Wasila, lugar donde está en debate si se permite o no el ingreso de la minería a escala industrial, aunque según el catastro minero en esta zona ya existen concesiones que aún no se ejecutan. Ella relata cómo la actividad minera ha estado presente en su familia por generaciones, “es una actividad que nos enseñaron en la niñez nuestros abuelos”, pero sabe que siempre ha sido una actividad complementaria, sin causar daño al ambiente, sobre todo al río Jatunyacu.

Para ella son las mujeres las que realizan este tipo de minería en la zona, “es una actividad nuestra, ¿por qué? porque no tenemos una fuente de trabajo aquí y nos dedicamos a lavar el oro, pero no es mucho…”.  De esta manera las mujeres han conseguido otro ingreso, esta actividad se realiza a la par del cultivo en chacra y el cuidado de la casa, por eso es una actividad complementaria que ayuda en los gastos de educación, salud, y algunos imprevistos del hogar.

De acuerdo al Censo 2022 en el cantón El Tena, provincia de Napo, el 62% de mujeres vive en el área rural, los hogares pobres con mujeres jefas de hogar representan el 30,1%, el nivel de desempleo en el cantón es del 21%, del cual el 13,1% corresponde a mujeres. Las mujeres mayoritariamente se dedican al comercio por mayor y menor; administración pública y de defensa; alojamiento y comidas; enseñanza; agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.

En la provincia de Zamora Chinchipe, Elizabeth Arias cuenta que la mayoría de mujeres de la zona no tiene fuentes de trabajo estables, además su nivel de educación formal no les permite acceder a otro tipo de trabajo. “Mi madre no ha sido estudiada, ella se ha dedicado a la minería, y de eso nos ha criado a mí y a mis hermanos”, hoy Elizabeth y sus hermanos son profesionales, ella se dedica a servicios contables, pero sabe que al igual que su madre otras mujeres no tienen mayores opciones para trabajar, ya que la agricultura en la zona de Tundayme no es rentable, solo para el consumo propio.

En el cantón El Pangui, provincia de Zamora Chinchipe, el 58,2% de mujeres viven en la zona rural, los hogares pobres con mujeres jefas de hogar representan el 25,5 %. El desempleo alcanza el 16,2%, del cual el 5,8% corresponde a mujeres. Las principales actividades que realizan las mujeres son: comercio al por mayor y menor, alojamiento y comidas; agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.

Y en el cantón Yantzaza, de la misma provincia, el 42,3% de mujeres vive en la zona rural. El 47,2% de la población se encuentra en situación de pobreza, los hogares pobres con mujeres jefas de hogar representan el 23,8 %. El 14% de la población se encuentra desempleada, de esta el 6,1% corresponde a mujeres. Las principales actividades que realizan las mujeres son: comercio al por mayor y menor; alojamiento y servicios de comida; enseñanza; administración pública y de defensa; atención de salud y asistencia social.

Para la doctora Mónica Caizaluisa, responsable de la Unidad Provincial del Seguro Social Campesino de Napo, las mujeres son las que mayoritariamente han sostenido la economía de la familia y eso no ha cambiado con la minería. En la chacra, esperan la cosecha para vender, y lo que pagan por una cabeza de plátano o un costal de yuca no representa todo lo que se invirtió en tiempo y en dinero, mientras que la minería les da un ingreso mayor en menos tiempo. Ella cree que es entendible que muchas mujeres se dediquen a esta actividad porque ven en el lavado de oro una opción que complemente sus ingresos.

Minería y sus ganancias, hacia dónde van.

En 2010 el gobierno de Rafael Correa identificó que la producción de petróleo va disminuyendo y es necesario asegurar otro ingreso económico como país. Correa declaró a la minería como sector estratégico en la Ley Minera de 2009, y en el Plan Nacional de Desarrollo en 2012 se definieron cinco proyectos estratégicos: Fruta del Norte, Mirador, Loma Larga, Río Blanco y San Carlos de Panantza.

En la provincia de Zamora Chinchipe, se encuentran 3 de los 5 proyectos estratégicos a gran escala, 2 de ellos ya en ejecución: Proyecto Fruta del Norte con varias concesiones desde 2001, la última y en ejecución con la empresa minera Lundin Gold Inc desde 2014 concesionada por 20 años; y, Proyecto Mirador a cargo de la empresa minera ECSA, iniciada en 2012 el tiempo de concesión son 30 años, los dos iniciaron su fase de explotación en 2019. En estos dos proyectos mineros a gran escala, ya se habla de una minería a escala gigantesca que no se había visto nunca antes en el país, con una producción diaria de hasta sesenta y dos mil toneladas. Así, el boom minero ha llegado para quedarse hasta cuando se agoten estos recursos naturales.

De acuerdo al boletín del sector minero del Banco Central del Ecuador (diciembre 2023), los impuestos declarados por la empresa minera Lunding Gold a cargo del Proyecto Fruta del Norte entre 2003 y 2023 suman USD 476,93 millones en estos 20 años. De estos, $363,51 millones corresponden a pagos de impuestos directos; regalías anticipadas 17,9%, regalías pagadas 22,1%, IVA 11,2%, utilidades del estado 19,3% e impuesto a la renta 29,5%; y por impuestos indirectos $113.42 millones.

En el caso del Proyecto Mirador, la empresa ECSA entre 2010 y 2023 declaró en impuestos $893,10 millones, de los cuales se ha cancelado por impuestos directos $774,96 millones: IVA 27,99%, regalías anticipadas 12.90%, regalías pagadas 33.60%, impuesto a la renta 23.14% y utilidades mineras 15.26%; y por impuestos indirectos, USD 118,14 millones.

Sin embargo, no se cuenta con este tipo de información respecto a la empresa minera Terraearth que opera en la provincia de Napo, ya que, al no ser un proyecto estratégico, no existe este tipo de rendición de cuentas hacia el Estado.

Para Sacher, el problema en la actualidad es que existe una muy débil capacidad institucional para generar un control en la extracción y por ende en la recaudación de lo que deberían pagar en términos de impuestos o regalías de las empresas mineras activas al Estado ecuatoriano. Queda a buena fe de la empresa la declaración al Estado en cuanto a sus volúmenes de producción, frente a un Estado que no cuenta con la estructura necesaria para realizar este control a gran escala, y por ende asegurar el mínimo cumplimiento de las medidas que puedan existir.

En el estudio “La ruta de las regalías mineras” (2021) de Andrea Carrión, geógrafa, docente investigadora del Instituto de Altos Estudios Nacionales – IAEN, refiere a que el Estado debería identificar y proyectar asignaciones de recursos en coordinación con la Agencia de Regulación y Control Minero, el Ministerio de Recursos Naturales no Renovables, y las empresas operadoras, sin embargo, concuerda con el investigador Sacher en que no existe un mecanismo efectivo de articulación entre las rentas reales recaudadas y las inversiones realizadas en el territorio. Anteriormente la entidad encargada de la inversión en los territorios extractivos fue la Empresa Pública Ecuador Estratégico, EEEP.

Hasta el momento no se cuenta con información concreta de cómo se invierten las regalías mineras desde el Estado central o los GAD, ya sea en presupuestos, programas, proyectos o planes que realicen las entidades, existe poca información que permita visibilizar la articulación entre desarrollo local, planificación territorial y priorización de la inversión pública en áreas de incidencia de los proyectos estratégicos mineros.

De los datos recabados en el estudio de A. Carrión se encuentra que del proyecto Mirador, entre 2012 y 2017, la inversión en la parroquia de Tundayme ascendió a USD 999 040, de los cuales el 68 % se destinó a la realización de estudios para la Comunidad del Milenio y del alcantarillado sanitario. Las obras efectivamente construidas incluyeron el edificio parroquial, el Infocentro Comunitario, el tendido de redes eléctricas en un barrio y la implementación tecnológica en la unidad de salud. En el caso de la parroquia urbana del cantón El Pangui, la inversión ascendió a 17 788 216, de los cuales el 96 % correspondía a los rubros de educación, salud y vialidad.

En el caso del proyecto Fruta del Norte, el valor total de las inversiones de EEEP ascendió a USD 60 396 980, entre 2012 y 2017. La parroquia Los Encuentros recibió una inversión que supera los nueve millones de dólares, de los cuales el 78 % fue destinado a infraestructura educativa, siendo el principal rubro la construcción de la Unidad del Milenio 10 de noviembre, con un gasto codificado de USD 6 437 278. Dentro del área de influencia del proyecto, también se construyó la carretera Zumbi-El Dorado-Paquisha-Guayzimi, con una inversión de USD 32 834 627, que servía también para otras zonas de exploración minera. En el cantón de Yantzaza se registró una inversión en infraestructura y equipamiento educativo para acceso a tecnologías de información y comunicación, con un total de USD 1 167 158, lo que representa un 80 % de la inversión realizada en la parroquia urbana.

Sin embargo, esta inversión se ha centrado más en la infraestructura educativa y vial, pero no se han cubierto otras necesidades de la población, tampoco se encuentra una mayor inversión en grupos prioritarios como son las mujeres, todo esto evidencia la descoordinación entre los gobiernos locales y el gobierno central que es a donde llegan los pagos de las regalías.

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