Minería y disciplina fiscal: la ruta del Gobierno para sostener la economía en 2026
El Gobierno de Daniel Noboa prepara una estrategia económica para 2026 basada en el impulso acelerado de la minería y la aplicación de un ajuste fiscal, con el objetivo de estabilizar las finanzas públicas en un contexto de bajo crecimiento y limitado acceso a financiamiento.
Un informe de la banca internacional JP Morgan señala que Ecuador enfrenta serias limitaciones estructurales, por lo que el Ejecutivo busca convertir a la minería en una fuente clave de ingresos. Las proyecciones apuntan a que las exportaciones del sector podrían superar los USD 3.000 millones en 2026.
Para acelerar este proceso, el Gobierno impulsa reformas orientadas a agilizar permisos, ampliar plazos de exploración, reforzar la seguridad jurídica y combatir la minería ilegal. También plantea que las regalías se traduzcan en obras de infraestructura y servicios básicos en las zonas de influencia minera, con el fin de reducir la conflictividad social.
El plan se complementa con medidas de austeridad, como la reducción de subsidios, el control del gasto corriente y una inversión pública más focalizada. Además, ante la crisis energética, se prevé que los nuevos proyectos mineros generen su propia electricidad.
El informe advierte que la estrategia es necesaria, pero frágil: su éxito dependerá de que la inversión minera avance y de que el ajuste fiscal no afecte de forma significativa a la economía.
Sin embargo, las nuevas autoridades del sector minero deben actuar con mayor rapidez y comprensión de la realidad específica de cada zona. Los conflictos en Portovelo y Napo requieren respuestas urgentes y técnicas, que permitan evitar que estas problemáticas sean instrumentalizadas con fines electorales por sectores antimineros radicales. Una gestión oportuna y territorial es clave para reducir tensiones y garantizar estabilidad en las regiones mineras.

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