Mineros ilegales sorprenden a Comisión de la Asamblea
La minería ilegal de Buenos Aires tiene tal poder que a más de contar con activistas antimineros, políticos locales a su favor, cuenta con estructuras en los poderes centrales que les ha permitido, en su momento sorprender, a la Secretaría de derechos humanos del actual gobierno (hace algunos meses), y esta semana con todo el descaro y el cinismo han llegado hasta la Comisión de Garantías Constitucionales.
- Anuncios -La minería ilegal en Imbabura, es uno de los factores que influyó en la decisión de declarar a la minería ilegal como amenaza a la seguridad del Estado, sin embargo, resulta que ahora son los ilegales quienes socializan en reuniones con pobladores de esta comunidad y no el Gobierno Nacional, mucho menos el Viceministerio de Minas.
Cabe destacar que, existen sentenciados por minería ilegal en la conflictiva parroquia La Merced de Buenos Aires, Urcuquí, Imbabura. Llama la atención “sospechosamente” que familiares de estos ciudadanos penalizados han decidido tomar la bandera de la antiminería extremista.
Por si fuera poco, muchos de los líderes de BUPROE, fueron en su momento feroces defensores de la minería ilegal que pedían concesiones de pequeña minería. La memoria es frágil, por ello hay vídeos, fotografías, ampliamente difundidas por nosotros y por otros medios para recordar los antecedentes de aquellos mineros ilegales que se esconden bajo el activismo antiminero.
La Asamblea Nacional fue sorprendida con estos nuevos procesos que pretenden excluir la posibilidad de que el Estado a través de la Policía Nacional y el Ejército, cumplan y hagan cumplir la ley en la zona.
Enero de 2023 fue un mes de estrategia para la minería ilegal, pues el impedir que ingrese Fiscalía, la policía, el Ejército, que instalen antenas de telecomunicaciones a Buenos Aires se traduce en una suerte de república independiente, donde realmente no impera ningún ecologismo sino el interés de los mineros ilegales.
Hacemos un llamado a la Asamblea Nacional para que cumpla con las obligaciones que la Constitución le permite y que no alcahuetee a los mineros ilegales que en base a sus vínculos políticos atentan contra la institucionalidad del Estado ecuatoriano, pretendiendo desarmar las acertadas decisiones (declaratoria de la minería ilegal cómo amenaza a la seguridad del Estado), para fortalecer la estrategia de balcanización del Ecuador (destrucción de la Unidad Nacional), y controlar territorios “seudo repúblicas independientes”, que es el objetivo fundamental de las mafias de la minería ilegal en el Ecuador.
B.M.
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