Oportuna suspensión

Tomado de: Diario El Universo

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Walter Spurrier Baquerizo

Un juez de Medidas de Protección aceptó un pedido de medidas cautelares relativo a una consulta popular en el cantón Girón, Azuay, respecto al proyecto minero aurífero Loma Larga. La paró hasta que se pronuncie la Corte Constitucional. Es la decisión correcta.

De haberse realizado la consulta, el futuro de la minería del Ecuador lo hubiera decidido un cantón de 15.000 habitantes.

Para que haya una consulta, tienen que haber filtros. En la ocasión de la consulta hoy detenida, el Tribunal Electoral la aprobó sin pasar por la Corte Constitucional, como corresponde.

La pregunta es: “¿Está usted de acuerdo que se realicen actividades mineras en los páramos y fuentes de agua del Sistema Hidrológico Quimsacocha?”.

Si la mina afecta las fuentes de agua, no debe permitirse. El que Loma Larga tenga permiso ambiental conlleva que el Ministerio del Ambiente no encontró afectación a las fuentes. La pregunta es tendenciosa.

Se planteó la consulta en el cantón Girón. El área de la concesión se encuentra en tres cantones, y la actividad principal está en San Fernando. Ahí difícilmente se habrían conseguido las firmas para realizar la consulta.

El Tribunal decidió con ligereza, la que el juez de Medidas de Protección corrigió.

Lo que cabe es que los activistas demuestren que si habría afectación a las fuentes de agua.

Hay cinco proyectos mineros estratégicos listos para su desarrollo y ulterior producción. El más grande, Panantza-San Carlos, está paralizado y hay conflictos con pobladores que se asentaron en el área concesionada. Hubo un ataque a la mina en que murió un policía.

Río Blanco, mina de oro en Molleturo, Azuay, fue atacada por activistas, las instalaciones quemadas parcialmente, y los explosivos robados. Un juez ordenó el cierre de la mina y la Corte Superior del Azuay falló que como Molleturo había votado por el Sí en la pregunta minera del referéndum (igual votó todo el país) no podía haber minería en Molleturo. La mina sigue clausurada.

Según la empresa operadora del proyecto Mirador, de cobre, está próxima a iniciarse la producción y exportación. Pero parte del proyecto está paralizado porque hubo un cambio de ubicación de ciertas instalaciones; se espera un nuevo permiso ambiental. Aún no decide la empresa por dónde exportar: Guayaquil, Puerto Bolívar o un puerto propio. Luego de esa decisión, tendrán que construir las instalaciones para exportación de metales. El proyecto lleva retraso.

De los cinco, solo el proyecto aurífero Fruta de Norte marcha sin problemas.

Hay muchísimos proyectos en prospección y exploración. El descubrimiento de Alpala, una mina descomunal de oro y cobre en Imbabura, atrajo a las gigantes mineras de Canadá y Australia, y a la estatal chilena Codelco. Hay grandes inversiones a punto de concretarse. Ecuador es la nueva frontera minera mundial.

Si el Ecuador desarrolla la minería, estimulará la economía y generará fuertes ingresos fiscales. El costo del ajuste será menos asfixiante.

Pero los problemas de los cinco proyectos son un freno a la nueva inversión. La Corte Constitucional deberá dejar claro si la minería industrial es constitucional o no, y cuál es el marco en que pueden desempeñarse jueces, organismos de control y gobiernos locales.

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