PDAC: sí cómo no

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En medio de una crisis generalizada, desde Toronto, Canadá, el Gobierno gestionó un evento durante la convención Prospectors & Developers Association (PDAC, por sus siglas en inglés) llamado “Ecuador: próximo destino minero”.

Desde nuestro análisis la oposición de la Conaie, su amenaza de estallido social y la actitud pusilánime del Gobierno, detiene las intenciones de la inversión de países desarrollados, incluso si el país es promocionado en este evento para personas, empresas y organizaciones relacionadas con la exploración de minerales.

Es destacable que en Ecuador, la inversión extranjera haya tomado fuerza con el desarrollo de grandes proyectos, pero la corrupción de entidades de control minero, Prefecturas, Alcaldías y Concejalías, la violencia antiminera, entre otros en Ecuador, ya no es novedad para la inversión extranjera que prefiere invertir en países donde sí se acate la seguridad jurídica y sobretodo los derechos humanos.

El sector minero en Imbabura lucha contra la minería ilegal y contra la antiminería extremista, paradójicamente liderada por mineros ilegales cuya violencia ataca no solo a las empresas mineras, sino también a trabajadores y sus familias. La cruda realidad es que no hay seguridad jurídica para empresas mineras.

Ecuador es un país donde el decomiso de material aurífero de las Fuerzas Armadas llena los bolsillos de funcionarios de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (ARCERNNR).

Zamora Chinchipe vive de «vacunas», impuestas a mineros legales e ilegales por los propios técnicos de la ARCERNNR a vista y paciencia de sus autoridades de turno. Denuncias que hasta la fecha no son atendidas por un Gobierno actualmente acusado de corrupción y relación con el crimen organizado de la mafia internacional. Inédito.

El Oro, yace entre la impunidad y omisión de sus autoridades, incluso de veteranos de la política cuyo poder no parece desgastarse con el pasar de los años. Aquí la minería ilegal envenena los ríos, y festeja los botines de oro ilegal desde el subsuelo con fuertes detonaciones y Napo, con ineficientes operativos a pasos lentos que develan las pocas ganas de erradicar este ilícito por el millonario botín de por medio. De igual forma, Orellana, Sucumbíos, Azuay, Guayas, Loja, entre otras provincias en conflicto minero.

Eventos, publicidades están por demás, mientras el país continúe en impunidad, las potenciales empresas inversoras omitirán Ecuador, mientras las legalmente constituidas, contarán los días para irse.

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