- Anuncios -El Gobierno colombiano dio un giro inesperado a su lucha contra la minería ilegal. Tras lo que calificó como el mayor operativo en la historia del país, el presidente Gustavo Petro anunció que los bienes decomisados en la operación no quedarán en bodegas judiciales, sino que serán entregados a cooperativas de mineros tradicionales, con el objetivo de transformar una economía criminal en una actividad productiva y legal.
La operación, ejecutada por el Ejército y la Policía en el municipio antioqueño de Buriticá, permitió intervenir estructuras subterráneas de gran escala que generaban miles de millones de pesos en oro cada año, presuntamente controladas por el Clan del Golfo. Para Petro, ese tipo de minería representa la fuente financiera más sólida de los grupos armados, y desmantelarla es una prioridad del Estado.
“Si logramos que la economía ilícita se vuelva lícita, se acaba la guerra”, insistió el mandatario durante su visita a la zona. La propuesta, sin precedentes, busca que los mineros pequeños conformen cooperativas supervisadas por el Estado, mientras la Policía garantiza la seguridad y la trazabilidad del oro extraído.
El plan incluye un componente económico inédito: el Gobierno comprará directamente el mineral a un precio regulado, y los ingresos serán distribuidos entre municipios auríferos mediante regalías. De esta forma, el Ejecutivo aspira a cortar el circuito de lavado y reemplazarlo por una cadena transparente de producción y comercio responsable.
Petro también sugirió que este modelo podría replicarse en otras regiones, como el Darién, donde confluyen economías ilegales vinculadas al narcotráfico y la minería. Para el presidente, la reconversión productiva será la vía más sostenible para debilitar a las mafias y devolver el control del territorio a las comunidades.
- Anuncios -
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.