Proyecto de regalías mineras en Chile tendría “impactos económicos importantes”, advierte ministro de Hacienda

La imposición de un proyecto de regalías mineras en Chile tal como fue aprobado en mayo por la Cámara de Diputados podría tener impactos económicos relevantes, afectando el empleo y la recaudación futura, advirtió el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda.

En una exposición ante la comisión de Minería del Senado, consideró que el proyecto, que prevé elevar la carga hasta un 75% dependiendo del precio del metal, debe ser analizado cuidadosamente para evitar un efecto negativo hacia adelante.

“En la medida que tengamos una carga tributaria muy alta efectivamente eso puede redundar en contra de posibilidades de inversión hacia adelante, que finalmente afecten inversiones futuras que también van aparejadas de empleos en la zona, de mayor recaudación fiscal”, dijo Cerda.

En medio de los altos precios históricos que ha tocado este año el cobre, del que Chile es el mayor productor mundial, legisladores de oposición impulsaron el proyecto como una vía para aumentar la recaudación y poder hacer frente a programas para enfrentar el efecto económico de la pandemia de coronavirus.

Cerda recordó que las empresas extranjeras tienen acuerdos de invariabilidad tributaria y agregó que un eventual recorte de inversiones mineras, sumado al envejecimiento natural de los yacimientos, podría además afectar la producción local.

“Debería impactar la oferta de cobre futura de Chile, disminuyendo eventualmente la inversión y disminuyendo también los empleos en el sector, y por eso creo que hay que ser bastante cuidadoso al respecto”, acotó.

El ministro recordó que en el país ya existe un impuesto específico que pecha progresivamente el margen operativo de las mineras y que debido a eso proyectan para este año que los aportes del sector representen un 2.65% del Producto Bruto Interno (PBI), frente al 1.6% del 2020.

Por otra parte, Cerda recalcó la oposición que ha tenido el gobierno a la moción parlamentaria ya que el marco jurídico local establece que este tipo de iniciativas son una facultad exclusiva del Ejecutivo.

“Siempre como gobierno estamos dispuestos a conversar pero en este caso, un tema de este tipo debería venir de la iniciativa del Presidente de la República”, apuntó, al describir que ya existe jurisprudencia de la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional al respecto.