Sectores estratégicos reportan millonarias pérdidas durante 12 días de paro

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Tras los últimos anuncios del presidente de la República, Guillermo Lasso, donde dijo que se atenderán las demandas del sector indígena desde sus territorios, los manifestantes comenzaron a retirarse de la capital ecuatoriana, lo que permitió que a la fuerza pública recobrar los espacios.

Los 12 días de manifestaciones dejan al país millonarias pérdidas económicas y retrocesos en el desarrollo productivo y reactivación de cada uno de los sectores estratégicos.

Según el Comité de Crisis interinstitucional, en el sector de hidrocarburos, el Estado ecuatoriano ha dejado de producir 1 ́071.707 barriles de crudo, de los cuales 855.893 barriles pertenecen a la Empresa Pública EP Petroecuador; mientras que 215.814 corresponden a las operadoras privadas de petróleo.

Esto representa un perjuicio económico acumulado de más de USD 96 millones. Además, que a la fecha se contabiliza un total de 1094 pozos cerrados (179 de empresas privadas y 915 de EP Petroecuador).

En el ámbito eléctrico, El Sistema Nacional de Transmisión se encuentra operativo; sin embargo, la Subestación Tisaleo, ubicada en Tungurahua, continúa apagada debido a que alrededor de cuarenta manifestantes se mantienen en la zona. Asimismo, se procedió con el cierre de 75 cierres de agencias de recaudación, situadas en las provincias de Bolívar, Guayas, Los Ríos, Sucumbíos, Azuay, Cotopaxi, Imbabura, Pichincha y Chimborazo.

El sector minero también se vio afectado por las movilizaciones donde extremistas antimineros aprovecharon la coyuntura social para atacar el campamento minero de Lowell, en la comunidad de Warints, provincia de Morona Santiago, provocando importantes daños a las infraestructuras.

De igual manera, en la parroquia Buenos Aires, provincia de Imbabura, los mineros ilegales y antimineros atacaron con hachas y piedras a comuneros, personal de la empresa minera Hanrine, así como el vehículo donde se transportaban durante una marcha pacífica por la paz.

A esto se le suma el cierre de más de 100 vías que impidió que normal desarrollo de las actividades, transportación de los minerales desde la concesión hasta los puertos, desabastecimiento de los insumos mineros y retrasó el aparato productivo del país.

La mina Mirador (situada en Zamora Chinchipe) tuvo que detener sus operaciones, lo que provocaría pérdidas de aproximadamente USD 5 millones diarios.

Por su parte, la pequeña minería registra pérdidas diarias de USD 1,4 millones; es decir, aproximadamente USD 13 millones hasta la fecha.

Ante las consecuencias generadas por la convocatoria a paro orquestada por el líder del sector indígena, Leonidas Iza, el país requiere que se realice una investigación, se cuantifiquen los daños sufridos y se sancionen a los responsables de entorpecer la economía del país.

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