- Anuncios -Venezuela avanza hacia un cambio estructural en su política extractiva al permitir la participación de empresas extranjeras en la explotación de oro y minerales estratégicos, en el marco de una nueva ley minera que actualmente se debate en la Asamblea Nacional.
La reforma busca atraer inversión internacional y dinamizar un sector clave para la economía, golpeada durante años por sanciones y caída de ingresos petroleros. El proyecto plantea que compañías foráneas puedan operar directamente en yacimientos, con concesiones más amplias y garantías como el arbitraje internacional para resolver disputas.
Este giro marca un contraste con el modelo estatista impulsado durante el chavismo, donde el control de los recursos naturales estaba concentrado en el Estado. Ahora, el Ejecutivo apuesta por flexibilizar el marco legal para captar capital, especialmente de Estados Unidos, en un contexto de acercamiento bilateral y levantamiento parcial de restricciones.
Entre los minerales de interés destacan el oro, coltán, diamantes y otros recursos estratégicos, muchos de ellos ubicados en zonas como el Arco Minero del Orinoco, una de las áreas con mayores reservas del país.
No obstante, la apertura también genera cuestionamientos. Analistas advierten riesgos asociados al control territorial de zonas mineras, la presencia de economías ilegales y posibles impactos ambientales, en un sector históricamente vinculado a conflictos y explotación informal.
Con esta reforma, Venezuela intenta replicar el modelo aplicado recientemente en el sector petrolero, apostando por la inversión extranjera como motor para recuperar su economía y reposicionarse en el mercado global de recursos naturales.
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