Coincidencias entre Gobierno y Conaie en el sector minero vulneran la constitución

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Tras casi 60 días de acercamientos culminó el diálogo entre el Gobierno y la Confederación de nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), en la mesa 5 de Energías y Minas sobre la moratoria de estas actividades cuyos acuerdos significan un retroceso para el sector minero.

En dicho encuentro, el Gobierno acordó “no otorgar nuevos títulos mineros hasta contar con la normativa necesaria de la aplicación de la Consulta Previa, Libre e Informada”, según estipula el acta, lo que retrasa la reapertura catastro minero que estaba previsto a realizarse este año, acción que generaba expectativas de inversión en este sector estratégico del país.

Además, el acta indica que tampoco se otorgarán licencias ambientales “para el inicio de actividades mineras hasta contar con la normativa en materia de Consulta Ambiental”, acción que vulnera la seguridad jurídica de las concesiones, el derecho al trabajo de miles de personas y a garantizar el cuidado del ambiente.

Otro de los consensos fue la conformación de una comisión técnica que se encargue de elaborar reformas a las leyes de Minería.

Asimismo, se abrirá una técnica para analizar dos proyectos de minería industrial a gran escala que están en curso y 21 procesos de exploración de minería metálica, entre otros, Loma Larga, La Plata y Curipamba, que significan millones de dólares en inversión en el país, cientos de fuentes de empleo y encadenamientos productivos.

También, se establecerá una mesa de remediación integral de los pasivos ambientales en las zonas afectadas, la cual se instalará el instalará el 30 de septiembre de 2022.

Con estas nuevas resoluciones, se establecerán mesas de trabajo para la creación de la Consulta Previa, Libre e Informada y la de Petroecuador, así como las reformas a la Ley de Minería y la Ley de Hidrocarburos.

El sector minero ecuatoriano, que en estos momentos está en pleno desarrollo podría estancarse y peor aún, retroceder, al ceder ante las imposiciones del movimiento indígena (un grupo de la población que no representa a todos los ecuatorianos), que busca la prohibición de las extracciones, olvidando todos los aportes y beneficios para el país, por cuanto es un derecho consagrado en la constitución.

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