- Anuncios -Prensa Minera felicita la iniciativa de Pablo Izurieta, Director General de la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM), por impulsar un hecho considerado histórico en la lucha contra la corrupción, al presentar una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado que permite activar investigaciones y avanzar en un proceso de depuración institucional dentro del sector minero.
Un operativo liderado por la Fiscalía General del Estado se desarrolló en las oficinas de la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) en la provincia de Zamora Chinchipe, tras una denuncia por presunta concusión que involucra a funcionarios de la institución.
El caso tiene como antecedente la destitución de Marcelo Soto, quien se desempeñaba como director provincial y habría sido señalado por exigir pagos indebidos a mineros a cambio de facilitar trámites.
Tras conocerse las denuncias, la entidad procedió con su separación inmediata y puso el caso en conocimiento de la Fiscalía.
El operativo no solo busca esclarecer la presunta responsabilidad del exdirector, sino que se amplía a la investigación de personal de la institución. En total, se indaga a 12 funcionarios de nombramiento y a 8 choferes, quienes acumulan varios años —en algunos casos hasta ocho— trabajando en la entidad.
Según información preliminar, las autoridades analizan si la actuación —o falta de acción— de estos servidores públicos habría incidido en el avance de la minería ilegal en la provincia, un problema que se ha agravado en los últimos años en Zamora Chinchipe.
Durante las diligencias, Fiscalía recopiló indicios dentro de las instalaciones de ARCOM como parte del proceso investigativo, considerado inédito por su alcance dentro de una entidad de control minero.
Desde distintos sectores se ha destacado la actuación institucional de ARCOM al canalizar la denuncia y colaborar con las autoridades. Asimismo, se ha reconocido la política de lucha contra la corrupción impulsada por el presidente Daniel Noboa.
Las investigaciones continúan en curso para determinar responsabilidades individuales y posibles redes de corrupción vinculadas al control minero en la provincia.
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