Ulbio Guadamud: “Uno de los pilares de la economía nacional es la minería”

Entrevista

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Entrevista a Ulbio Guadamud Docente Universitario, Magister en Desarrollo Social y Educación. Miembro activo del Observatorio Minero del Ecuador – CPCCS, Sub Coordinador Nacional del Movimiento Cívico “Ecuador Libre de Minería Ilegal, Asesor de la Confederación Única de Afiliados
al Seguro Social Campesino “CONFEUNASSCE”.


Qué necesita el sector minero para atraer más inversiones ante el escenario actual y qué constituyen desafíos para este gobierno en el 2024?

Sin tener números, ni cifras de los ingresos de la actividad minera, puedo asegurar que uno de los pilares de la economía nacional es la minería.

Los proyectos emblemáticos o de gran escala siguen creciendo, las propias proyecciones en las reservas quedaron cortas. Actualmente, tanto Mirador y Fruta del Norte, nos dejan niveles de producción que esperanzan al sector.

Qué necesita el sector minero para atraer más inversiones ante el escenario actual y qué constituyen desafíos para este gobierno en el 2024?

Que restauren la institucionalidad del Ministerio y entidades adscritas del sector minero, haber debilitado la estructura de control y regulación, ha llevado a los potenciales interesados a poner un stand by en las futuras inversiones.

Los sectores artesanales y de pequeña minería, no cuentan con la seguridad para el desarrollo de sus actividades, la feroz arremetida de los mineros ilegales que patrocinados por las organizaciones criminales, han destruido la posibilidad de colocar capitales a trabajar.

Muchos de los mineros artesanales y pequeños abandonan sus actividades, pues, se ven obligados a destinar altos porcentajes de su rentabilidad a su “seguridad”, por lo que prefieren dejar sus labores y buscar otros espacios.

Sin duda el principal desafío para el Gobierno, será el poder generar políticas de Estado para la actividad minera, nombrar Autoridades que no solo tengan la capacidad técnica y académica para resolver los problemas que aquejan al sector, sino que también se puedan mantener por periodos extensos en los cargos, dando continuidad a su gestión.

El constante cambio de Autoridades es un error del gobierno, no fortalece los cambios que se pretendan implementar.

Consecuencias a largo plazo de las consultas populares como en el caso del Chocó Andino y varios cantones en Azuay

Las continuas arremetidas de grupos “ambientalistas” en busca de protagonismo, han generado que a lo largo de los años se realicen consultas sin ningún sustento técnico o legal, limitando la posibilidad que las actividades económicas se desarrollen de forma adecuada.

Me pregunto, que se ha logrado con las acciones judiciales en contra de los proyectos mineros ¿Han logrado su fin de proteger la naturaleza?, pues la respuesta es NO.

Lo único que han permitido es que los mismos grupos que las auspician, se beneficien de su explotación sin ninguna responsabilidad con el Estado.

Qué opina de las preguntas de la consulta popular en relación con la minería ilegal?

Una consulta popular hecha al apuro jamás logrará su real objetivo, pretenden combatir la minería ilegal sin contar ni siquiera con un ente de control organizado y sólido, sin personal técnico suficiente, sin recursos económicos para su logística, etc.

Revertir áreas mineras sin un correcto análisis no soluciona nada, solo agranda el problema que vive el sector en la actualidad. Esto generaría que las áreas que se dejen libres sean invadidas por mineros ilegales, causando daños irreparables al medio ambiente, y por supuesto, dejaría de generar ingresos a la frágil economía del Ecuador.

En su criterio ¿Cuáles son los ejes sobre los cuales debe centrarse la gestión pública de los recursos minerales?

1.- Devolver la Institucionalidad del Ministerio Sectorial y la Agencia de Regulación y Control Minero.

2.- Realizar una Auditoría Integral de los Derechos Mineros que se han otorgado a la fecha, con la finalidad de buscar una depuración urgente del catastro minero.

3.- Articular entre las FF.AA., PN, UAFE, SRI, CGE, etc., las acciones necesarias para limitar la capacidad de las organizaciones criminales, dedicadas a las actividades mineras ilegales como medio de financiamiento.


 

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